Por el Licenciado Diego Rotundo, integrante de Reset y Coordinador del DTC-SEDRONAR de la Ciudad de Fontana

El 7 de diciembre de 1987, mediante la resolución 42/112, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esta decisión pretendía representar un compromiso internacional para fortalecer la acción y la cooperación con el objetivo de construir una sociedad libre del consumo de sustancias psicoactivas. No obstante, aunque dicha declaración manifestaría una intención loable, las políticas implementadas por los Estados, generalmente bajo el paradigma de la «guerra contra las drogas», han estado enfocadas en el prohibicionismo, el abstencionismo y un enfoque punitivo que incrementa tanto la persecución como la estigmatización de las personas usuarias de drogas.

Las consecuencias derivadas de estas políticas prohibicionistas y punitivas son profundamente problemáticas. Por un lado, la falta de una regulación estatal efectiva contribuye al fortalecimiento del mercado ilegal de producción y tráfico, generando ganancias extraordinarias para estas redes y desencadenando serios riesgos para la salud de los consumidores debido a la ausencia estatal en su rol regulador. En este contexto, el mercado de drogas permanece desregulado o, mejor dicho, regulado de manera clandestina, donde la calidad de los productos no es prioritaria y la violencia constituye el principal mecanismo de control dentro de la economía ilícita.

Por otro lado, las políticas actuales continúan incentivando el encarcelamiento masivo de las personas, especialmente bajo prejuicios relacionados con su raza, género o condición social. El tema de las drogas ha servido como un recurso histórico para el control social y el espionaje político desde que Richard Nixon lanzó la denominada «guerra contra las drogas» en Estados Unidos a finales de la década de 1960. Esta guerra evolucionó gradualmente hacia una ofensiva dirigida contra los usuarios de drogas, perpetuando estructuras de exclusión y vulneración sistemática.

En este marco, el sistema penal —incluyendo las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial— frecuentemente ejerce un impacto directo o indirecto sobre los derechos humanos con prácticas que exacerban la marginalización de las personas usuarias. Los consumidores enfrentan obstáculos significativos en sus trayectorias vitales debido a su exclusión de espacios familiares, educativos y laborales. Las sanciones punitivas hacia quienes consumen o cultivan estas sustancias tienen poco efecto disuasorio y, en cambio, aumentan los riesgos sanitarios. Además, estas formas de castigo no garantizan el acceso a atención ni ofrecen procesos adecuados para acompañamiento o rehabilitación; por el contrario, dificultan o incluso eliminan toda posibilidad para que estas personas lleguen a sistemas efectivos de apoyo. Por ello resulta urgente desplazar el centro del debate hacia una aproximación basada en derechos humanos, promoviendo políticas inclusivas y accesibles.

Un ejemplo destacado en este sentido puede observarse en la campaña global «Apoye, No Castigue», llevada a cabo también el 26 de junio por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). Esta iniciativa busca visibilizar las devastadoras consecuencias que las políticas punitivas han causado en comunidades a nivel global. Entre sus objetivos está la promoción de estrategias solidarias y respetuosas hacia los usuarios, orientadas a combatir tanto la discriminación como el estigma asociado con el consumo.

Desde esta perspectiva transformadora, se enfatiza la necesidad de sustituir enfoques centrados exclusivamente en lo punitivo por intervenciones integrales enfocadas en cuidados, inclusión social y reducción del daño. El concepto del derecho a la accesibilidad emergerá desde una directriz principal de los marcos normativos tanto a nivel nacional como internacional. Este enfoque está alineado con principios fundamentales contemplados dentro del marco universal de los derechos humanos.

Los espacios comunitarios destinados al abordaje de diversos fenómenos sociales juegan un rol crucial en esta transición hacia políticas efectivas. Desde este ámbito se busca generar escenarios que faciliten actividades vinculadas al acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, cultura, deporte y empleo, creando propuestas inclusivas disponibles para todos los ciudadanos en su calidad de sujetos plenos de derechos. En este contexto, se destaca el concepto del «umbral mínimo de exigencia», entendido como la necesidad de reducir las barreras para acceder a servicios esenciales. Esto implica diseñar espacios libres de estigmatización que ofrezcan opciones diversificadas orientadas desde una perspectiva inclusiva.

Finalmente, es imprescindible comprender los momentos subjetivos y contextuales que atraviesan las personas usuarias desde una lógica comunitaria. Lo anterior refuerza la importancia de promover prácticas basadas en el cuidado mutuo y personal, garantizando una intervención que respete tanto las particularidades individuales como su contexto sociocultural. Este enfoque no solo transforma el paradigma actual sino que permite construir alternativas sostenibles centradas en dignidad y solidaridad humana.

La mínima exigencia para transitar los espacios no implica una ausencia de exigencias, sino más bien un enfoque progresivo en el reconocimiento del problema, buscando que las personas usuarias decidan abordarlo según sus tiempos y dentro de sus posibilidades. Para que este umbral bajo pueda tomar forma, es necesario implementar una diversidad de criterios orientados a generar oportunidades de accesibilidad. Estos criterios pueden abarcar la proximidad geográfica, amplitud horaria, requisitos documentales para acceder, pero, sobre todo, se deben destacar aspectos como el trato recibido por parte del personal institucional, las actividades propuestas, las normativas y condiciones de ingreso y participación, así como las representaciones sociales asociadas a la problemática tratada.

Desde esta perspectiva, un umbral mínimo de exigencia aplicado a dispositivos que abordan problemáticas relacionadas al consumo de sustancias no demanda la abstinencia obligatoria como requisito inicial para el tratamiento. Más bien, considera la reducción de riesgos como un proceso dinámico y dialéctico, con avances y retrocesos, garantizando así una política pública inclusiva y adaptada a cada sujeto. Este enfoque representa un cambio conceptual significativo en los dispositivos asistenciales y preventivos vinculados al consumo de sustancias. Implica que los equipos de salud deben someterse a una revisión crítica de sus propios prejuicios, mitos y creencias sobre las prácticas de consumo y las relaciones diversas que los individuos establecen con las sustancias. Estas concepciones preconcebidas moldean las prácticas cotidianas y suelen reforzar discursos cristalizados que marginan al consumidor al colocar el fenómeno del consumo y los usuarios de sustancias como desviados, delincuentes, o al hablar de flagelo o enfermad. Tales etiquetas segregativas no solo obstaculizan el cambio hacia prácticas menos riesgosas, sino que además impiden la adopción de estrategias de cuidado en salud. En muchos casos, el daño social derivado de dicha exclusión resulta incluso mayor que el causado por el consumo mismo.

La propuesta apunta a fomentar la creación de dispositivos, prácticas e intervenciones diversas que reconozcan las complejas relaciones entre los sujetos y los malestares culturales contemporáneos.

Sin embargo, el contexto actual presenta desafíos importantes: los recortes presupuestarios en el ámbito de la salud general y mental en particular, dificultan considerablemente estos avances. Los dispositivos comunitarios, ya escasos, están en riesgo de desaparecer, lo que inevitablemente reduce aún más el acceso a la atención sanitaria. A esto se suma una respuesta cada vez más represiva por parte del estado, mediante el fortalecimiento de fuerzas de seguridad, protocolos punitivos y políticas que criminalizan a ciertos sectores de la población. Esto alimenta procesos de segregación y estigmatización que profundizan la exclusión social.

Además, el debilitamiento de los lazos comunitarios y la proliferación de discursos de odio contribuyen a una situación compleja y poco esperanzadora. A pesar de este panorama adverso, todavía existen voces que proponen otras formas de trabajar colectivamente desde el cuidado y el acompañamiento sostenido. Hay quienes se reúnen para reflexionar sobre alternativas efectivas y humanas en el abordaje del consumo de sustancias, demostrando que otro camino es posible y necesario.